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19 11 2007 El agro tendrá un rol clave |
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El Banco Mundial presentó una propuesta para el desarrollo mundial 2008. Observa la necesidad de un replanteo de las políticas públicas y privadas. La Argentina, junto a los países africanos, es la única que aplica retenciones.
Para el caso particular de la Argentina y el Cono Sur el organismo de crédito multilateral recomienda “desarrollar una visión compartida del futuro de la agricultura para el desarrollo, definir un marco de referencia, aprovechar la coyuntura favorable para: invertir en la productividad agrícola y la adaptación al cambio climático, incluir los pequeños productores y trabajadores rurales en las ganancias y mejorar el manejo ambiental y la provisión de servicios ambientales”.
Asimismo, observa la conveniencia de revertir la situación de “desprotección” que tiene la actividad en la Argentina, a contramano de lo que ocurre en la mayor parte del mundo, en donde, por el contrario predomina la protección.
El libro resalta que “la agricultura ofrece posibilidades promisorias para el crecimiento, la reducción de la pobreza y la prestación de servicios ambientales. Pero para ello hace falta la mano visible del Estado en la tarea de brindar servicios públicos esenciales, mejorar el clima para la inversión, regular la ordenación de los recursos naturales y garantizar la obtención de resultados sociales deseables”.
Ante la pregunta de Infobae.com sobre cuántos países aplican retenciones a la exportación, sea con fines de evitar el encarecimiento de los alimentos en sus mercados, sea con propósitos fiscales, Alain Janvry, uno de los jefes del equipo a cargo de la elaboración del informe respondió: “sólo la Argentina y algunos países pobres de África”.
Bases para la discusión
de temas específicos
El trabajo, que fue presentado esta mañana a la prensa, por el
experto, juntoa Julio Berdegué, investigador principal del Centro
latinoamericano para el Desarrollo Rural (RIMISP) y Franz Drees-Gross,
jefe sectorial Infraestructura, Medio Ambiente, Desarrollo Rural y Social,
para la región América Latina y el Caribe, del banco Mundial,
sostiene que “se pueden obtener considerables beneficios a partir
de la reforma del comercio de productos agropecuarios”.
Al respecto dijo el Janvry que “después de 25 años se vuelve a analizar a la agricultura, que incluye también la actividad ganadera, la acuicultura y la agrosilvicultura, como puntal para el desarrollo, porque está demostrado cómo su desarrollo tiene rápidos y notables efectos sobre la reducción de la pobreza y mejora de la distribución del ingreso, muy superiores a los que se logran con el desarrollo de las actividades no agropecuarias”.
De ahí que en el estudio, al cual se puede acceder a través de la página WEB del Banco Mundial: http://www.worldbank.org/wdr2008, se explica que se está frente a una singular oportunidad, porque, según comentó el profesor Janvry “se ve un horizonte de al menos 10 o 15 años de buenos precios para la agricultura”.
Ese escenario se considera propicio para avanzar en la reducción de los índices de pobreza que afectan mayormente a la población rural y “constituye una ventana de oportunidad para alentar la inversión en infraestructura, lidiar con los desequilibrios que se observan en la calidad de vida de la población rural, acceso a los recursos, a los servicios públicos y las instituciones de apoyo”.
“La reciente disminución de la tasa de pobreza de quienes subsisten con u$s1 al día en los países en desarrollo (del 28% en 1993 a 22% en 2002) se ha debido principalmente a la reducción de la pobreza rural del 37 a 29%, puesto que la tasa de pobreza urbana se ha mantenido constante en 13””, destaca el trabajo.
Agenda para la región
Pero para poder sacar mejor provecho del escenario actual, que como se
dijo se mantendrá por más de una década se requiere
“potenciar las oportunidades y los efectos del crecimiento agrícola
para reducir la pobreza y la desigualdad en la distribución de
la riqueza que se genera”.
De ahí que entre las recomendaciones de política, que fueron presentadas esta tarde a los dirigentes rurales y en las próximas horas se hará lo propio con las autoridades nacionales, se propone elevar a un rango de 10 a 20% del PBI agropecuario la participación del gasto público en mejora de la infraestructura. “No es una marcha atrás, sino un paso hacia delante”, enfatizó Janvry.
Para ello, el trabajo
recomienda:
1) Fortalecer la competitividad de la agricultura familiar en los
nuevos mercados de alimentos nacionales e internacionales.
2) Mejorar las condiciones de vida en la agricultura de subsistencia: acceso a mercados y redes sociales.
3) Mejorar el funcionamiento de los mercados laborales agrícolas para que contribuyan a la reducción de pobreza.
4) Apoyar la economía rural no agrícola con desarrollo territorial y capital humano.
5) Mejorar la calidad de las instituciones de gobernabilidad, desde lo local a lo global, lo cual no sólo comprende al sector público sino también a los privados.
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